El Tribunal de Apelaciones ha suspendido temporalmente la implementación de una orden judicial que obligaba al Registro Demográfico de Puerto Rico a permitir que personas no binarias pudieran marcar una “X” en la categoría de sexo de sus certificados de nacimiento. La medida, emitida por un tribunal de instancia, fue detenida en respuesta a un recurso legal presentado por el Departamento de Salud, lo cual deja en suspenso el reconocimiento oficial del marcador neutro hasta que se resuelva el proceso apelativo.
La orden judicial original buscaba garantizar el derecho de las personas no binarias a contar con documentos de identidad que reflejaran su identidad de género, en consonancia con principios de equidad y dignidad humana. Sin embargo, el recurso interpuesto por el Estado argumenta que el reconocimiento del marcador “X” excede las facultades administrativas actuales y plantea retos técnicos y legales que requieren mayor deliberación legislativa y operativa.
El Departamento de Salud afirma que el sistema vigente del Registro Demográfico está construido para operar bajo una clasificación binaria —hombre o mujer— y que cualquier alteración estructural requeriría cambios complejos tanto en los sistemas informáticos como en los marcos regulatorios. Además, señala que la incorporación de una opción adicional no ha sido contemplada en el marco jurídico actual, lo cual podría causar inconsistencias en otros procedimientos administrativos y legales donde se emplea la información del registro civil.
Por otro lado, grupos defensores de los derechos humanos junto con activistas a favor de la diversidad de género han expresado su descontento ante la resolución del tribunal de apelaciones, considerándola un paso atrás en el esfuerzo por lograr el reconocimiento e inclusión. Diferentes asociaciones sostienen que la prohibición de la opción de marcar “X” continúa con la exclusión sistemática de personas no binarias y restringe su acceso igualitario a servicios públicos, educación, salud y procesos legales.
En la queja que originó el proceso, la parte acusadora sostuvo que no poder mostrar su identidad de género en el acta de nacimiento es una violación de derechos constitucionales, tales como el derecho a la privacidad, a la dignidad y a la igualdad. La decisión inicial del juzgado aceptó estos puntos y mandó al gobierno a tomar las acciones necesarias para permitir la opción de un marcador neutro, al considerar que el reconocimiento legal de identidades diferentes es esencial para el respeto de los derechos humanos.
El procedimiento de apelación podría prolongarse por varios meses, mientras se analizan los argumentos de las dos partes. En este tiempo, las personas no binarias que habían pedido la modificación de sus documentos tendrán que aguardar una decisión definitiva que determine si podrán ejercer ese derecho según el marco administrativo del Gobierno.
En distintas regiones de Estados Unidos, el indicador “X” ha sido introducido poco a poco en documentos como certificados de nacimiento, pasaportes y licencias de manejo. No obstante, la velocidad de implementación y los estándares para su uso difieren dependiendo del estado o territorio. El diálogo en Puerto Rico es parte de una conversación más extensa sobre la inclusión legal y el reconocimiento de la diversidad de género en documentos oficiales.
La disputa no solo presenta repercusiones legales, sino también sociales y culturales, al revelar las fricciones entre las organizaciones tradicionales y las transformaciones que demanda una sociedad más diversa. Expertos del ámbito académico y legal han enfatizado que, más allá de ser una cuestión técnica, el diálogo pone de manifiesto la necesidad de reconfigurar políticas públicas que se adapten a las realidades actuales y aseguren la protección efectiva de todas las identidades.
La decisión final del Tribunal de Apelaciones podría sentar un precedente importante sobre cómo el sistema jurídico del país aborda el reconocimiento de personas no binarias y cómo se armonizan los derechos individuales con las estructuras administrativas del Estado. Mientras tanto, el caso continúa despertando un amplio interés público y posicionándose como un tema central en la agenda de derechos civiles en la isla.
